El 25 de noviembre de 1999, Naciones Unidas consagró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una ocasión para reflexionar, visibilizar y exigir políticas efectivas.
El mismo día, de 1960, fueron asesinadas las dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, un triple femicidio que se transformó en símbolo de la lucha contra la violencia de género. En su memoria, se estableció, 39 años después, este día en conmemoración.
En la Argentina, la violencia de género no es solo una cuestión social, sino también legal: la Ley 26.485, sancionada en marzo de 2009, establece un marco de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Define modalidades como la física, psicológica, sexual, económica y simbólica, y obliga al Estado a implementar políticas públicas para garantizar derechos a las víctimas.
A pesar del progreso legislativo, la forma de violencia de género extrema es el femicidio. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), la Corte Suprema registró 247 víctimas letales de violencia de género en 2024. De ellas, 228 fueron femicidios directos (incluyendo 220 mujeres cis y 8 mujeres trans o travestis) y 19 fueron femicidios vinculados.
En la actualidad, según los datos del Observatorio Nacional “Lucía Perez”, Los femicidios en lo que va de 2025 alcanzan a 235 mujeres, dejando a 146 niños y niñas huérfanas. Las cifras actuales demuestran que la legislación no basta si no se acompaña de políticas activas, recursos adecuados, justicia efectiva y compromiso colectivo.
